Por Mtra. Amparo Jáuregui Durán.
En un México y en Zacatecas donde el acceso a la Justicia sigue siendo un desafío para millones, la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas emerge como un faro de esperanza. No es solo una institución de defensa: es un mecanismo de equidad que construye bienestar social desde las trincheras de las acciones jurídicas en diversas áreas del Derecho. Su labor, silenciosa pero fundamental, garantiza que nadie, sin importar su condición económica, quede fuera de una defensa para acceder a la Justicia. Es una acción firme y determinante de nuestro Gobernador David Monreal Ávila fortalecer la Defensoría Pública, porque sin duda las acciones de pacificación en nuestro estado, donde está garantizando seguridad, han dado muy buenos resultados, requieren de igual manera asegurar el Estado de Derecho.
El derecho de defensa es un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; debe ser un derecho efectivo y no teórico o utópico, toda vez que no basta con designar un abogado en determinado procedimiento, sino que dicho derecho debe ser efectivo a través de una defensa material. Por tanto, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas es la institución encargada de garantizar dicha defensa a favor de la protección de los derechos de los que menos tienen.
La materia penal, el derecho a una defensa adecuada, se encuentra contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 17, penúltimo párrafo. A nivel internacional se encuentra contemplado en el artículo 8, numeral 2, inciso d) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como en el artículo 14, numeral 3, inciso d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada».
—Nelson Mandela
